FUENTE: La Provincia debe pagar más de $46 millones a cinco municipios - CHACO DIA POR DIA
NOTA RELACIONDA: http://wichidelchaco.blogspot.com.ar/2012/05/112-aniversario-de-fundacion-de-mision.html
Por orden judicial, el gobierno del Chaco está obligado a pagarle más de 46 millones de pesos a los municipios de Miraflores, Fuerte Esperanza, Castelli, Nueva Pompeya y El Sauzalito. El monto es el acumulado tras cuatro años de paralización de los efectos de la ley 6030 que las beneficiaba con fondos extras pero que había sido frenada por un amparo interpuesto por la municipalidad de Quitilipi.
El 4 de mayo último, la Cámara Segunda en lo Criminal intimó al Ejecutivo provincial a pagar $21.886.014 a Pompeya, El Sauzalito y Fuerte Esperanza ($7.295.338,91 para cada uno). Sin embargo y de acuerdo a la planilla aprobada en la causa, las comunas de Miraflores y Fuerte Esperanza deberán cobrar un monto similar, mientras que Castelli, de acuerdo a la misma planilla, deberá percibir poco más de 16 millones de pesos. El monto total devengado sin intereses asciende a $46.201.753.
Los diputados de la Alianza afirmaron que era necesario sancionar este instrumento legal ante la insuficiencia de recursos de esos municipios para atender la cuestión aborigen, teniendo en cuenta la medida cautelar dictada meses atrás por la Corte Suprema en favor de los pueblos originarios. Por esto consideraron necesario dotarlos de un fondo adicional a efectos de que puedan atender sus gastos y las erogaciones que les demande la situación.
La normativa, sin embargo, fue cuestionada por el peronismo por considerar que se estaba afectando más recursos a comunas radicales teniendo en cuenta además que la Alianza perdió las elecciones de 2007 y se aprestaba a abandonar el poder en una suerte de “operativo retirada”.
Batallas.
Ante esto, el justicialismo no se quedó de brazos cruzados. A principios de 2008, una presentación del Intendente de Quitilipi, Alfredo Zamora, logró una medida cautelar de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña con la que se paralizó los efectos de la ley.
Zamora promovió esa acción por considerar que afectaba el principio de igualdad, era discriminatoria con otras comunas y violaba el principio de razonabilidad. Finalmente, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley apuntando principalmente a que no se tuvo en cuenta la creación del recurso con el que se afrontará el gasto, por lo que interpretó que la norma ostentaba “vicios de forma”.
Recogiendo el guante judicial, los municipios de Miraflores, Fuerte Esperanza, Castelli, Nueva Pompeya y El Sauzalito presentaron un amparo y medida cautelar ante la Cámara Contencioso Administrativa solicitando el inmediato cumplimiento de la ley. A la par, interpusieron un recurso ante la Cámara del Crimen de Sáenz Peña rechazando el amparo logrado por Zamora.
Decisiones.
La decisión final recayó en el Superior Tribunal de Justicia. El 13 de junio de 2011, el máximo órganos judicial del Chaco le terminó dando la razón a las comunas y declaró la nulidad del fallo de la Cámara del Crimen “porque no había una nulidad manifiesta ni violación constitucional alguna”, explicó a CHACO DIA POR DIA uno de los abogados patrocinantes de los municipios, Carlos Guido Leúnda.
Leúnda recordó además que había un precedente que respaldaba la constitucionalidad de aquella ley. “Se había dictado una normativa similar que establecía recursos suplementarios para varios municipios con fines específicos. Fue con la ley 3798 del año 1992 que creó el Fondo Solidario Municipal para contribuir con algunos cuyos recursos eran insuficientes para atender sus funciones básicas”, comentó.
“La provincia interpuso recurso contra el fallo de Cámara que nos da la razón y en el Superior lo que se produce es el vencimiento de esta posición. Ahora hemos hecho la planilla de los recursos que adeuda la provincia por la aplicación de la Ley que se han acumulando durante todos estos años y esto suma un monto de planilla aprobada que es de más de 46.200 millones de pesos”, indicó.
Leúnda afirmó que está agotado el recurso judicial por lo que el Gobierno del Chaco le queda cumplir con el fallo. “Ya quedó firme, se hizo la planilla y se los emplazó. Incluso me encontré con un abogado y me comentó que este monto el gobierno lo tiene presupuestado así que lo va a pagar”, sostuvo.
NOTA RELACIONDA: http://wichidelchaco.blogspot.com.ar/2012/05/112-aniversario-de-fundacion-de-mision.html
Por orden judicial, el gobierno del Chaco está obligado a pagarle más de 46 millones de pesos a los municipios de Miraflores, Fuerte Esperanza, Castelli, Nueva Pompeya y El Sauzalito. El monto es el acumulado tras cuatro años de paralización de los efectos de la ley 6030 que las beneficiaba con fondos extras pero que había sido frenada por un amparo interpuesto por la municipalidad de Quitilipi.
El 4 de mayo último, la Cámara Segunda en lo Criminal intimó al Ejecutivo provincial a pagar $21.886.014 a Pompeya, El Sauzalito y Fuerte Esperanza ($7.295.338,91 para cada uno). Sin embargo y de acuerdo a la planilla aprobada en la causa, las comunas de Miraflores y Fuerte Esperanza deberán cobrar un monto similar, mientras que Castelli, de acuerdo a la misma planilla, deberá percibir poco más de 16 millones de pesos. El monto total devengado sin intereses asciende a $46.201.753.
Los diputados de la Alianza afirmaron que era necesario sancionar este instrumento legal ante la insuficiencia de recursos de esos municipios para atender la cuestión aborigen, teniendo en cuenta la medida cautelar dictada meses atrás por la Corte Suprema en favor de los pueblos originarios. Por esto consideraron necesario dotarlos de un fondo adicional a efectos de que puedan atender sus gastos y las erogaciones que les demande la situación.
La normativa, sin embargo, fue cuestionada por el peronismo por considerar que se estaba afectando más recursos a comunas radicales teniendo en cuenta además que la Alianza perdió las elecciones de 2007 y se aprestaba a abandonar el poder en una suerte de “operativo retirada”.
Batallas.
Ante esto, el justicialismo no se quedó de brazos cruzados. A principios de 2008, una presentación del Intendente de Quitilipi, Alfredo Zamora, logró una medida cautelar de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña con la que se paralizó los efectos de la ley.
Zamora promovió esa acción por considerar que afectaba el principio de igualdad, era discriminatoria con otras comunas y violaba el principio de razonabilidad. Finalmente, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley apuntando principalmente a que no se tuvo en cuenta la creación del recurso con el que se afrontará el gasto, por lo que interpretó que la norma ostentaba “vicios de forma”.
Recogiendo el guante judicial, los municipios de Miraflores, Fuerte Esperanza, Castelli, Nueva Pompeya y El Sauzalito presentaron un amparo y medida cautelar ante la Cámara Contencioso Administrativa solicitando el inmediato cumplimiento de la ley. A la par, interpusieron un recurso ante la Cámara del Crimen de Sáenz Peña rechazando el amparo logrado por Zamora.
Decisiones.
La decisión final recayó en el Superior Tribunal de Justicia. El 13 de junio de 2011, el máximo órganos judicial del Chaco le terminó dando la razón a las comunas y declaró la nulidad del fallo de la Cámara del Crimen “porque no había una nulidad manifiesta ni violación constitucional alguna”, explicó a CHACO DIA POR DIA uno de los abogados patrocinantes de los municipios, Carlos Guido Leúnda.
Leúnda recordó además que había un precedente que respaldaba la constitucionalidad de aquella ley. “Se había dictado una normativa similar que establecía recursos suplementarios para varios municipios con fines específicos. Fue con la ley 3798 del año 1992 que creó el Fondo Solidario Municipal para contribuir con algunos cuyos recursos eran insuficientes para atender sus funciones básicas”, comentó.
“La provincia interpuso recurso contra el fallo de Cámara que nos da la razón y en el Superior lo que se produce es el vencimiento de esta posición. Ahora hemos hecho la planilla de los recursos que adeuda la provincia por la aplicación de la Ley que se han acumulando durante todos estos años y esto suma un monto de planilla aprobada que es de más de 46.200 millones de pesos”, indicó.
Leúnda afirmó que está agotado el recurso judicial por lo que el Gobierno del Chaco le queda cumplir con el fallo. “Ya quedó firme, se hizo la planilla y se los emplazó. Incluso me encontré con un abogado y me comentó que este monto el gobierno lo tiene presupuestado así que lo va a pagar”, sostuvo.
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